Hoy quiero compartir con vosotros una noticia que muchos españoles llevábamos esperando durante una década: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado finalmente el infame Modelo 720. Y no, no es una exageración llamarlo «infame» – os voy a explicar por qué este modelo ha sido una de las mayores aberraciones fiscales de nuestra historia reciente.
Retrocedamos a 2012 cuando España estaba al borde del precipicio económico, con una deuda pública desbocada y un déficit que daba vértigo. El gobierno de entonces, liderado por el Partido Popular, decidió que la solución era, básicamente, exprimir al contribuyente hasta la última gota: Y así nació el Modelo 720.
¿Qué era exactamente este modelo? En teoría, algo simple: era un modelo informativo por el que si tenías bienes en el extranjero por valor de más de 50.000€, debías declararlos. Suena razonable, ¿verdad? El problema no era la declaración en sí o la sensación de control del gobierno sobre el patrimonio de los residentes españoles que tenían en otros países, sino las consecuencias brutales de no hacerlo correctamente.
Imaginad esto, tienes un depósito de 100.000€ en Polonia o cualquier otro país, dinero que has ahorrado durante años y por el que ya has pagado todos tus impuestos en España. Se te olvida declararlo en el Modelo 720 (o ni siquiera sabías que debías hacerlo). Años después, intentas regularizar tu situación. ¿La respuesta de Hacienda? Te trataban como si ese dinero fuera una ganancia del año en curso, te aplicaban el IRPF correspondiente (pongamos 40.000€), y además te imponían una sanción del 150% sobre esa cuota (otros 60.000€). Por tanto, el resultado final de la omisión de declarar tu patrimonio en el extranjero en un supuesto modelo informativo por tener 100.000€ ahorrados, acababas debiendo 100.000€ al estado. ¡Una auténtica confiscación!
Y esto no es todo. Si se te olvidaba declarar hasta el más mínimo detalle – imaginad unos bitcoins o unas acciones por valor de 100€ o incluso menos, te caía una multa fija de 5.000€. La desproporción era absoluta.
Lo más indignante es que esto no prescribía nunca. Da igual cuándo intentaras regularizar tu situación ya que hacienda podía aplicarte estas sanciones salvajes en cualquier momento. Hace ya tiempo, cerca de 2017 que la Comisión Europea advirtió a España de que esto era una barbaridad. ¿La respuesta? Silencio administrativo. Ni los partidos politicos PP, ni el PSOE, ni el gobierno de coalición movieron un dedo para cambiar esta situación.
Ahora, por fin, el Tribunal de Justicia de la UE ha dicho basta. ¿Los motivos? Varios, y todos contundentes:
- Viola la libertad de movimiento de capitales en la UE
- Las sanciones son desproporcionadas
- La imprescriptibilidad es inaceptable
- Las multas fijas no guardan relación con las faltas
- En algunos casos, las sanciones podían superar el valor de los bienes no declarados
¿Y qué pasa ahora? Hacienda tendrá que devolver todo lo cobrado injustamente, sin embargo durante diez años, miles de españoles han vivido aterrorizados por esta normativa confiscatoria. ¿Y los responsables? Ninguno rendirá cuentas por este atropello a los derechos de los contribuyentes.
Como contribuyente y ciudadano, no puedo evitar sentir indignación. Esta historia nos recuerda la importancia de tener instituciones europeas que puedan poner freno a los excesos de nuestros gobiernos. También nos muestra que, a veces, la justicia tarda, pero llega.
Si habéis sido afectados por el Modelo 720, ahora es el momento de reclamar. Y para todos, esta es una lección sobre la importancia de mantenernos vigilantes ante los abusos de poder, vengan de donde vengan.
